Por Albert Soto Vilches*

El 29 de agosto del presente año se cumplieron 32 años de la entrega de la “Carta Abierta al General Pinochet”[1]. El contenido de dicha carta fue principalmente el acuso de las precarias condiciones de vida de miles de familias en el contexto político y social que la dictadura cívico-militar había instaurado y la exhortación a las autoridades para una restitución inmediata de la democracia en el país. Precisamente, el 29 de agosto recién pasado un grupo de 17 personas[2], conmemoró en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda[3], dicho hito histórico para el mundo evangélico chileno, en donde se realizó la lectura de una carta que, por una parte, aludió a la conmemoración del hito antes mencionado y, por otra parte, se realizó un llamado a las organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe a rearticularse al servicio de una convivencia nacional más justa, democrática e inclusiva.

Dicha actividad contó con un espacio de difusión y convocatoria para un punto de prensa a realizarse por parte de las organizaciones convocantes, pero al parecer esto no tuvo incidencia alguna en el espacio público ni un poder convocante en las diversas organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe existentes en la actualidad en el país dado el número de asistentes. Sin embargo, es necesario mencionar que esto no solo parece ser un problema en cuanto a la difusión oportuna de la convocatoria, puesto que en la actualidad las redes sociales permiten masivas difusiones de información casi de manera instantánea, sino que parece estar más asociado a cómo se ha desarrollado la recomposición de las organizaciones de la sociedad civil en general y en particular las organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe en un contexto de post dictadura. En consecuencia, frente a este panorama se hace imperante proponer un diagnostico con respecto a las organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe en la actualidad en comparación con el auge de la acción de dichas organizaciones durante el período dictatorial en Chile.

Las organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe en dictadura.

Transcurridos pocos días de la cuadragésima quinta conmemoración del 11 de septiembre de 1973, se hace necesario traer a discusión las diversas tensiones, significaciones y resignificaciones que dicho hito originó en la sociedad civil chilena. La mañana del martes 11 de septiembre de 1973, se llevó a cabo un Golpe de Estado en Chile, el cual fue orquestado por todas las ramas de las Fuerzas Armadas, culminando con la muerte del Presidente, Doctor Salvador Allende Gossens y disolviendo el horizonte socialista que la denominada vía chilena al socialismo había propuesto para el país. El poder fue asumido por una Junta Militar compuesta por los cuatro altos mandos de las Fuerzas Armadas chilenas, encabezada por el Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet (Gárate, 2012).

En principio, la Junta Militar buscó restaurar tanto el orden social como la unidad nacional, ello con el objetivo de dotar de una fuerza suficiente al Estado chileno, con la que este fuese capaz de resistir las potenciales agresiones externas e internas a su estabilidad estamental (Gárate, 2012). En este sentido, el ámbito político y social se vio caracterizado dentro del marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, modelo relacionado con aparatos policiales de inteligencia anti insurreccional vinculados estrechamente con métodos de tortura, persecución, homicidio y desaparición de manera sistemática, doctrina que afectó a todo aquel que fuese simpatizante de las ideas vinculadas a la Unidad Popular o estuviese en contra del nuevo régimen que se establecía en el país. En síntesis, dicha doctrina fue uno de los principales factores que promovieron y facilitaron la sistemática violación a los derechos humanos en dicho período. Manuel Gárate (2012) destaca que este aparato represivo institucional por medio de su política doctrinaria caló hondo en la sociedad chilena, promoviendo el terror y disminuyendo casi al absoluto los brotes de violencia e insurrección en contra del régimen. Como menciona Verónica Valdivia (2012), la ausencia de peligro subversivo realzó un carácter proyectual del régimen, carácter en el cual vería su justificación dicha doctrina. Cabe destacar que desde el mismo instante en que se gestó el Golpe de Estado el 11 de septiembre, la situación de la sociedad civil en Chile cambió radicalmente, prohibiéndose el funcionamiento de los partidos políticos y suspendiéndose diversas instancias de organización y asociatividad social (Bastías, 2013). Pese a que la situación de la sociedad civil en Chile era tremendamente desfavorable en el contexto antes mencionado, diversas fueron las organizaciones de la sociedad civil que inmediatamente una vez acontecido el Golpe de Estado comenzaron a trabajar con un horizonte en común, a saber, la defensa derechos humanos y la asistencia integral a quienes eran perseguidos por los aparatos policiales del Estado (Frenz, 2006).

En este sentido, la teoría contemporánea de la sociedad civil propone que la participación en asociaciones intermedias reduce la influencia autoritaria y sirve para fortalecer la democracia, estableciendo así, una diferencia entre los campos de acción e incidencia política de la sociedad civil y el Estado (Cohen y Arato, 1994). Sin embargo, el equiparar o vincular a la sociedad civil a un horizonte democrático parece una tendencia circunstancial de la década de 1990 por el contexto de las transiciones democráticas en América Latina, más que un tributo a la dimensión crítica intrínseca al concepto de sociedad civil (Bastías, 2013), en donde si bien la sociedad civil se instaura como un actor intermediario entre el individuo y el Estado, esta no solo busca el horizonte del modelo político de la democracia, sino que se alza como un actor preponderante en las causas de las luchas por los derechos políticos y sociales de una sociedad, otorgando así, gran capacidad de agencia a la ciudadanía (Bastías, 2013). También, cabe destacar que Panotto (2017) identifica a una serie de organizaciones de la sociedad civil que tienen una particularidad, a saber, emergen desde diversas identidades religiosas que buscan tener incidencia dentro del espacio público, especialmente vinculadas a construir políticas de inclusión en clave de derechos humanos. Además, complementando esta discusión, Manuel Bastías (2013) destaca que la emergencia de las organizaciones de la sociedad civil se da especialmente en espacios marcados por la ausencia de la acción del Estado y que dicha ausencia es la que demanda la necesidad de que un actor se haga responsable de dichos espacios (Bastías, 2013). Ejemplo de ello, fue el caso de la defensa de los derechos humanos y la asistencia integral a las victimas políticas de la dictadura cívico-militar por diversas organizaciones de la sociedad civil (Frenz, 2006; Bastías, 2013). En consecuencia, frente a este panorama, proponemos el uso del concepto organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe, articulación teórica que tributa al concepto de sociedad civil y su injerencia en el mundo social propuesto por Bastías (2013), a su vez, que hace parte de sí la particularidad del origen en diversas identidades religiosas que buscan mediante su acción ser un agente de cambio en el espacio público según lo propone Panotto (2017).

En el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe, existen cuatro casos icónicos durante la dictadura chilena, los cuales serán mencionados brevemente a continuación. El primero de ellos es el “Comité Nacional de Refugiados” [CONAR] el cual estuvo a cargo del Obispo luterano Helmut Frenz (Frenz, 2006). Esta se conoce como la primera institución ecuménica que trabajó en favor de los derechos humanos en la dictadura cívico-militar chilena (Frenz, 2006). La labor de este comité fue esencialmente prestar una asistencia integral a los refugiados en Chile (Frenz, 2006). En este sentido, es necesario mencionar que el CONAR fue financiado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR] (Frenz, 2006).

Una vez establecidas las operaciones del CONAR para la ayuda extranjera, se fundó el “Comité de Cooperación para la Paz en Chile” [COPACHI], el cual fue una instancia ecuménica compuesta por representantes de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Ortodoxa, la Iglesia Metodista, la Comunidad Judía en Chile, la Iglesia Evangélica Luterana en Chile y el Concilio Mundial de Iglesias de Ginebra (Frenz, 2006). Dicho comité funcionó entre 1973 y 1975 prestando esencialmente asistencia jurídica, social y espiritual a aquellas personas que fueron perseguidas por el régimen dictatorial de Pinochet. En este punto es necesario resaltar que una de las instituciones fundadoras más importantes fue el Concilio Mundial de Iglesias de Ginebra, ya que, Frenz (2006) menciona que en el contexto de estado de excepción en Chile, hubiese sido imposible trabajar sin el financiamiento otorgado mediante esta institución (Frenz, 2006).

Pero la labor del COPACHI despertó resistencias en ciertos sectores políticos y a fines de 1975 Pinochet ordenó su cierre definitivo, frente a tal adverso panorama el Cardenal Raúl Silva Henríquez en conjunto con algunos miembros del COPACHI decidieron levantar la Vicaría de la Solidaridad mediante la gestión del Arzobispado de Santiago (Vicaria de la Solidaridad, 1976). Dicha institución se estableció en las dependencias de la Catedral de Santiago dado que algunos trabajadores del COPACHI ya habían tenido ciertos episodios de represión y amedrentamiento por parte de la policía al realizar sus labores. Es necesario destacar que la Vicaria de la Solidaridad al igual que las otras instituciones cuenta con un aspecto fundamental, a saber, su financiamiento, el cual en este caso era otorgado mediante la Iglesia Católica.

Y, finalmente, la cuarta organización que se mencionará, pero no menos importante fue la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristinas [FASIC], institución ecuménica fundada en 1975 que se encargó de continuar con las labores que hasta ese entonces había llevado el CONAR, dicha institución establece que es de carácter ecuménico, comprometida en la práctica cotidiana de los derechos humanos e inspirada en la perspectiva cristiana de liberación y dignidad de las personas. Se planteó su misión en una concepción ecuménica amplia, en la que participan no sólo miembros de diferentes Iglesias, sino también personas que expresan diferentes opciones en lo religioso (Garcés y Nicholls, 2005). Además, se menciona que por los distintos programas implementados por la institución -apoyo jurídico, salud mental, reinserción social, becas de estudio, proyectos laborales- pasaron cientos de personas que siempre encontraron apoyo, compresión y ayuda. Y, también hay que resaltar en este punto que la acción de FASIC no hubiera sido posible sin la cooperación internacional, que no sólo financió gran parte de las actividades de la institución, sino que acogió a los chilenos que salieron al exilio (Garcés y Nicholls, 2005).

En consecuencia con lo hasta aquí expuesto y al revisar distintas fuentes documentales y bibliográficas de la época, es posible identificar dos aspectos que se presentan con frecuencia en la acción de las organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe: por una parte, un horizonte en común, a saber, el horizonte de la promoción y defensa de los derechos humanos, el cual no solo se agotó en cuestiones jurídicas o cuestiones relacionadas a crímenes de lesa humanidad, sino que se propuso desde una dimensión integral de los derechos humanos en cuanto a una asistencia completa que no remitió solo a prácticas de asistencialismo a quienes eran los solicitantes de la ayuda. En este sentido, es posible poner en tensión los intereses de quienes colaboraron activamente con dichas labores, una diversidad de personas que iban desde autoridades eclesiales, pasando por profesionales y técnicos hasta personas naturales. Entonces, es que una de las particularidades de las organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe cobra fuerza, dado que más allá de acciones motivadas por lógicas altruistas, lo que aquí se evidencia parece ser un deber ético y político de lo que supone creer en los principios elementales del amor y la ayuda al prójimo y, del bien común de la sociedad. En un lugar en el que parece no existir un espacio para satisfacer los intereses personales, porque dada la fuerte capacidad de asociatividad de dichas instituciones y la constante demanda de trabajo sobre la marcha, puede percibirse que no existía el espacio necesario para desarrollar intereses personales por sobre los colectivos. Es posible evidenciar que las personas comprometidas con las organizaciones aquí mencionadas actuaban de tal forma que eran capaces de exponer y arriesgar su propia vida e integridad física para llevar a cabo su labor (Frenz, 2006). Además, a ello y en oposición a lógicas meramente utilitaristas o altruistas podría mencionarse que sus acciones parecían motivadas por el amor al prójimo, ese amor que Dietrich Bonhoeffer (2005) caracteriza como aquel que denotaría una invencible benevolencia y una irreductible voluntad que siempre busca el bien de la otra persona prescindiendo de su condición e historia personal.  Aquel amor que es de carácter sacrificial, de tal forma que da libremente sin pedir nada a cambio (Bonhoeffer, 2005), por ende, sería un amor que se ofrece conscientemente, tal como lo ofrecieron aquellos que lucharon por la defensa y la promoción de los derechos humanos desde las organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe durante la dictadura cívico-militar.

Y, por otra parte, el otro aspecto que se destaca con frecuencia es el financiamiento internacional de las distintas organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe. Manuel Bastías (2013) plantea que el establecimiento de relaciones transaccionales, y los flujos de recursos fueron la precondición determinante para el desarrollo de la sociedad civil en dictadura. Además, Bastías (2013), plantea que los principales canales que mediaron el financiamiento internacional en principio fueron las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los derechos humanos de las Iglesias, es decir, las organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe. En donde los donantes tenían dos características principales, primero, una visión cristiana progresista (Bastías, 2013). Y, segundo, Bastías (2013) menciona que el financiamiento sostenido durante los 17 años de la dictadura cívico-militar fue posible gracias a la alteración de las relaciones internacionales entre Chile y los países nórdicos, principalmente con Suecia y Holanda, como los mayores donantes quienes comenzaron a dirigir su ayuda directamente a las organizaciones de sociedad civil chilenas evitando por completo el control del régimen militar.

Las organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe en la actualidad.

En el período entre la victoria del “NO” el 5 de octubre de 1988 y el comienzo de las campañas electorales para las elecciones del 14 de diciembre de 1989, Bastías (2013) menciona que las relaciones dentro de la sociedad civil se vieron tensadas, esto producto de un ambiente institucional altamente inestable en el cual las reestructuraciones institucionales trazaban un camino de incertidumbre para las organizaciones de la sociedad civil en democracia. En este sentido, durante los primeros años luego de la transición a la democracia existió un debilitamiento y perdida de incidencia social por parte de las organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe, esto por causa de que, como el locus común de dichas organizaciones era la promoción la defensa de los derechos humanos, ahora en democracia, las necesidades que dicho espacio generaba, al menos nominalmente, eran cubiertas por el Estado.

Pese a la gran labor desempeñada en los años de la dictadura, las organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe se vieron debilitadas por diversos factores entre los que se cuentan, a saber, un espacio de acción que estaba siendo satisfecho por el Estado y una reducción de los fondos internacionales que financiaban a dichas organizaciones (Bastías, 2013). En este sentido, en la actualidad 28 años después de la transición a la democracia, de las cuatro organizaciones que fueron mencionadas anteriormente, solo sobrevive el sucesor del CONAR: FASIC, el cual ha seguido desarrollando un trabajo con refugiados, pero con una incidencia social y política muy limitada en comparación al realizado durante la dictadura cívico-militar. Además, funciona como el Centro de Documentación y Archivo FASIC. Mientras que el sucesor del COPACHI: la Vicaria de la Solidaridad cesó sus funciones en diciembre de 1992 y actualmente le sucede la Fundación Vicaria de la Solidaridad [FUNVISOL] de documentación y archivo. En este sentido, se puede decir que si bien FASIC obedece a la categoría de organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe actuales, en el presente su labor dista mucho de aquel FASIC ecuménico que funcionó en dictadura, esto principalmente por causa de las reducciones en los financiamientos para la implementación de sus programas.

Con respecto a lo anterior, también se han levantado nuevas instancias que pueden ser consideradas como organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe, entre las que se pueden mencionar el Servicio Evangélico Migrante [SEM], el Servicio Jesuita Migrante [SJM] y Misión Migrante [MM], entre algunas otras. Dentro de este espectro de organizaciones emergentes es posible percibir un horizonte en común en el que el Estado de Chile no ha tenido mayor incidencia en cuanto a la oportuna satisfacción de necesidades, a saber, los derechos de los migrantes, tal como fue el caso de las organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe que en dictadura ocuparon un espacio del que el Estado no se había hecho parte, con esto refiero al espacio de los derechos humanos. En la actualidad se podría decir que parte de la agenda de acción de dichas organizaciones está motivada por la misma dinámica, la de un Estado que no se hace responsable de las necesidades de un grupo específico de la sociedad. Sin embargo, a diferencia de las organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe que operaron en dictadura, las que tenían no solo un espacio de acción con los derechos humanos, sino que también un espacio de acción política que velaba por un horizonte de una sociedad más justa, el espacio de acción de estas nuevas organizaciones parece solo limitarse al trabajo con migrantes, en donde se evidencia una carencia de capacidad asociativa entre organizaciones y de una agenda de trabajo común que vaya más allá del tema de la migración.

Si bien muchas de estas organizaciones se han encargado de llevar a cabo un trabajo serio con respecto a lo que podría entenderse como el amor al prójimo y el bienestar común de la sociedad, dado que en su mayoría son instancias de trabajo ad honorem y sus actividades son autofinanciadas, su poca capacidad asociativa y su poca incidencia en el espacio público en temas distintos a la migración, parecen, al menos, evidenciarse en una especie de crisis dentro de dichas organizaciones. Algunos autores han asociado dicha crisis de las organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe a la creciente crisis que desde la segunda mitad del siglo XX han venido arrastrando las instituciones entre las que se encontrarían las instituciones eclesiales. Sin embargo, esto parece estar lejos de una explicación satisfactoria, ya que, la crisis en las organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe podría inscribirse dentro la de la crisis que sufrieron las organizaciones de la sociedad civil luego de la transición a la democracia, en donde los fondos internacionales comienzan a dirigirse a otras causas y en donde la “necesidad” de ocupar la dimensión de los derechos humanos comenzó a ser cubierta por parte del Estado luego de dicha transición (Bastías, 2013).

Entonces, la pregunta es ¿por qué se puede percibir una crisis en las organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe en la actualidad? Dicho cuestionamiento podría esclarecerse al establecer algunas diferencias entre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe en dictadura con respecto a las que están en actividad actualmente. Primero, la falta de financiamiento parece ser uno de los factores estructurales de la poca o nula emergencia de dichas organizaciones en la actualidad. A ello se puede agregar un segundo factor, a saber, la falta de un locus común que sea transversal al mundo evangélico en el país, el cual sea capaz de convocar y movilizar a personas que se identifiquen con dicho locus desde distintos posicionamientos políticos y de fe. En este punto se puede destacar que actualmente algunas organizaciones y personas creyentes se han visto convocadas y movilizadas en torno al tema del aborto, en donde han visto en tensión la defensa de sus ideas y principios de fe, ya que, se han levantado algunas discusiones en torno a la legalización del aborto en el país, las que se han encontrado  con una marcada polarización desde las diversas identidades evangélicas que han estado inmersas en dicho debate tanto de manera formal como informal. Y, tercero, un reciente artículo de Matías Aránguiz (2018), menciona la necesidad de replantear el rol de los evangélicos en la esfera pública, así como la necesidad de la realización de una autocrítica de las acciones llevadas a cabo tanto dentro de las organizaciones como fuera de ellas si se quiere comenzar un trabajo político serio en torno a los problemas transversales sufridos por la población en el país.

En síntesis, este breve análisis no es una critica a las organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe que en la actualidad están trabajando, sino que es una invitación a replantearnos cuáles son los horizontes que debemos buscar como evangélicos y cuáles deben ser los medios para potenciar las distintas características necesarias para emprender con éxito esta tarea. La invitación es a que podamos movilizarnos por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están siendo oprimidos, por aquellos que nos necesitan y que esta movilización no esté marcada por personalismos o por intereses vacíos de sentido, sino que esté marcada por ese amor al prójimo que solo busca el bienestar de nuestras comunidades.

*Albert Soto Vilches. Estudiante de Sociología y del Diplomado de Historia de las Ideas Políticas en Chile, Universidad Diego Portales y miembro del Observatorio de Historia Reciente en Chile y América Latina de la Universidad Diego Portales. Evangélico.

Bibliografía:

• Aránguiz, M. 2018. El rol de los pentecostales en la defensa de los Derechos Humanos ayer y hoy. Consultado en: https://pensamientopentecostal.wordpress.com/2018/09/11/el-rol-de-los-pentecostales-en-la-defensa-de-los-derechos-humanos-ayer-y-hoy-por-matias-aranguiz-kahn/
• Bastías, M 2013. Sociedad civil en dictadura. Relaciones transnacionales, organizaciones y socialización política en Chile. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
• Bonhoeffer, D. 2005. Life Together and Prayerbook of the Bible. Minneapolis: Fortress
• Cohen, J. y Arato, A. 1994. Civil Society and Political Theory. Cambridge: MIT Press.
• Gárate, M. 2012. La revolución capitalista de Chile (1973-2003). Santiago: Universidad Alberto Hurtado.
• Garcés, M. y Nicholls, N. 2005. Para una historia de los derechos humanos en Chile: historia institucional de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC 1975-1991. Santiago: Editorial LOM.
• Frenz, H. (2006). Mi vida chilena. Solidaridad con los oprimidos. Santiago: Editorial LOM.
• Panotto, N. (2017). Religiones, política y Estado laico. Nuevos acercamientos para el contexto latinoamericano. Bogotá: REDLAD-GEMRIP.
• Valdivia, V. 2012. La alcaldización de la política. los municipios en la dictadura pinochetista. Santiago: Editorial LOM.

[1] Carta disponible para su consulta en https://www.dropbox.com/s/wacjs2vygceh10t/Carta%20a%20Pinochet%20%281%29.pdf?dl=0

[2] Esto según la foto oficial disponible en http://www.agenciadenoticias.org/iglesias-evangelicas-que-lucharon-por-los-derechos-humanos-y-la-democracia-se-rearticulan-y-renuevan-compromiso/.

[3] El Palacio de La Moneda es la sede de Gobierno de Chile que alberga al Presidente de la República.